El 25 de febrero de 2026, el juez federal Brian E. Murphy de Massachusetts anuló la política de la administración Trump que permitía a las autoridades de inmigración deportar a personas a países con los que no tienen ninguna conexión — sin previo aviso ni oportunidad de objetar. La decisión es una victoria importante para el debido proceso, aunque se espera que la administración apele ante la Corte Suprema.
Este artículo explica qué es la deportación a terceros países, por qué el tribunal la consideró ilegal y qué deben hacer ahora mismo los inmigrantes con órdenes de deportación para protegerse.
¿Qué es la deportación a terceros países?
Normalmente, cuando el gobierno de EE.UU. deporta a alguien, lo envía de regreso a su país de origen — el país indicado en su orden de deportación. La deportación a terceros países es diferente. Bajo una política del Departamento de Seguridad Nacional emitida en marzo de 2025, los oficiales de inmigración podían deportar a personas a cualquier país dispuesto a aceptarlos, incluso si la persona nunca había estado allí y no tenía ningún vínculo con ese país.
La política solo requería que el país receptor proporcionara «garantías» de que el deportado no enfrentaría persecución ni tortura. A los oficiales de inmigración se les instruyó explícitamente no preguntar a la persona si temía ser enviada a ese país. La persona solo podía obtener una revisión si planteaba el temor por su cuenta — sin ser informada de su derecho a hacerlo.
Bajo esta política, la administración Trump se acercó a países como Costa Rica, Panamá, Ruanda y El Salvador para aceptar deportados que no eran sus ciudadanos. Lo más notable fue que la administración envió migrantes venezolanos a la megaprisión CECOT de El Salvador y deportó a ocho hombres a Sudán del Sur — un país devastado por la guerra con el que ninguno de ellos tenía relación.
Lo que dictaminó el juez Murphy
El juez Murphy determinó que la política de deportación a terceros países viola tanto la ley federal de inmigración como las protecciones del debido proceso de la Quinta Enmienda. Su decisión incluye varios hallazgos clave:
- Sin notificación adecuada: A los inmigrantes no se les informaba adónde serían enviados ni se les daba oportunidad de objetar antes de la deportación
- Violación del debido proceso: La política «extingue impugnaciones válidas contra la deportación a terceros países al efectuar la deportación antes de que esas impugnaciones puedan plantearse»
- Garantías secretas: Nadie — ni los inmigrantes, ni sus abogados, ni el público — podía verificar si las «garantías» de los países receptores contra la persecución eran reales o adecuadas
- Mentiras del gobierno: DHS proporcionó información falsa al tribunal sobre la deportación de un demandante guatemalteco y «repetidamente violó o intentó violar» las órdenes del tribunal
En su decisión, el juez Murphy escribió: «Estas son nuestras leyes, y es con profunda gratitud por la increíble suerte de haber nacido en los Estados Unidos de América que este tribunal reafirma el principio fundamental de nuestra nación: que ninguna "persona" en este país puede ser "privada de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal"».
El caso que expuso el sistema
La historia de un demandante reveló toda la brutalidad de la política. Un hombre guatemalteco identificado como O.C.G., sin antecedentes penales, obtuvo protección legal que impedía su deportación a Guatemala — un juez de inmigración determinó que probablemente enfrentaría persecución allí.
¿La respuesta del gobierno? Lo pusieron en un autobús hacia México — donde acababa de ser violado. Luego México lo envió de vuelta a Guatemala, exactamente el país al que el juez dictaminó que no podía ser enviado. Cuando el tribunal preguntó qué sucedió, DHS mintió al respecto.
El juez Murphy lo señaló directamente: la política se dirigió específicamente a personas que ya habían obtenido protección contra la deportación a sus países de origen a través de la suspensión de deportación o reclamaciones bajo la Convención contra la Tortura (CAT). Estas son personas sobre las cuales un juez de inmigración ya determinó que enfrentarían persecución o tortura en casa. La respuesta del gobierno fue enviarlos a otro lugar completamente diferente.
El problema de la Corte Suprema
Esta no es la primera vez que el juez Murphy falla en contra de la política de deportación a terceros países. El caso tiene una historia complicada:
- Abril 2025: Murphy emitió una orden judicial preliminar bloqueando la política
- Junio 2025: La mayoría conservadora de la Corte Suprema levantó la orden de Murphy, dictaminando que los funcionarios de inmigración pueden deportar rápidamente a personas a terceros países
- Mayo 2025: Ocho hombres fueron deportados a Sudán del Sur a pesar de no tener vínculos con el país
- Febrero 2026: Murphy emitió esta decisión final sobre el fondo, declarando la política ilegal
Murphy suspendió su decisión por 15 días para dar tiempo al gobierno de apelar. La administración espera que este caso sea decidido finalmente por la Corte Suprema. Dado que la mayoría conservadora ha respaldado al gobierno dos veces en este caso, el resultado está lejos de ser seguro.
¿Quién está en mayor riesgo?
La política de deportación a terceros países afecta más directamente a:
- Personas con suspensión de deportación: Obtuviste protección contra el envío a tu país de origen, pero el gobierno puede intentar enviarte a otro lugar
- Beneficiarios de CAT: Demostraste que serías torturado en casa, pero esta política permite la deportación a un país diferente
- Personas con órdenes finales de deportación: Si tienes una orden de deportación vigente, eres un objetivo para la deportación a terceros países
- Inmigrantes detenidos: Las personas bajo custodia de ICE son las más vulnerables porque no pueden resistir físicamente la deportación
- Solicitantes de asilo con casos pendientes: La política se ha aplicado incluso a personas cuyos casos aún están en proceso
Qué debe hacer ahora mismo
Aunque el juez Murphy anuló la política, podría ser restablecida en apelación. Esto es lo que debe hacer para protegerse:
Contacte a un abogado de inmigración inmediatamente
Si tiene una orden de deportación o protección CAT, hable con un abogado ahora — no después de que ICE aparezca.
Conozca su derecho a objetar
Según la decisión de Murphy, usted tiene derecho a notificación adecuada y a plantear objeciones antes de ser deportado.
Documente todo
Guarde copias de todos los documentos de inmigración, decisiones judiciales y comunicaciones con ICE. Si tiene suspensión de deportación o protección CAT, lleve siempre consigo prueba de ese estatus.
Prepare una declaración de temor para cualquier país
Trabaje con su abogado para documentar por qué enfrentaría peligro en posibles terceros países.
Tenga un plan legal de emergencia
Dé el número de teléfono de su abogado a un familiar de confianza. Si lo detienen, deben llamar a su abogado inmediatamente. Su abogado puede presentar una moción de emergencia o una petición de habeas corpus para detener una deportación ilegal.
Cómo Modern Law Group puede ayudar
Modern Law Group ha ayudado a más de 10,000 familias a navegar el sistema de inmigración de EE.UU. con una tasa de éxito del 99%. Nuestros abogados manejan:
- Defensa contra la deportación — impugnación de órdenes de deportación y cuestionamiento de políticas de deportación ilegales
- Audiencias de fianza — liberación de inmigrantes detenidos mientras sus casos avanzan
- Peticiones de habeas corpus — solicitudes judiciales de emergencia para detener la detención o deportación ilegal
- Asilo y suspensión de deportación — protección de personas que enfrentan persecución en sus países de origen
Si usted o alguien que ama está en riesgo de deportación a un tercer país, no espere. Llámenos hoy al (888) 902-9285 para una consulta. Cada día que demora es un día en que el gobierno puede actuar.
¿Preocupado por la deportación a un tercer país?
Nuestros abogados de inmigración pueden asesorarlo sobre sus derechos bajo esta decisión y ayudar a protegerlo de una deportación ilegal.
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